El laboratorio secreto de la reforma laboral de Milei: Tensión y oposición a puntos clave

La administración del presidente Javier Milei, tras el fracaso de la Ley Bases y el DNU 70 de 2023 en su intento de flexibilización laboral, adoptó una nueva estrategia de alto sigilo para impulsar una reforma que busca reducir drásticamente los costos empresariales. Este método, centrado en un consejo consultivo no vinculante y contactos discretos con sindicalistas clave como Gerardo Martínez (UOCRA), contrasta fuertemente con los antecedentes históricos.

Como ocurrió en 2017, cuando Mauricio Macri presentó un borrador de 145 artículos a los sindicalistas hasta que Pablo Moyano "pateó el tablero", la historia se asemeja, aunque no se repite exactamente. En esta ocasión, el secretismo es la consigna oficial. En el equipo económico se asegura que la confidencialidad apunta a "reunir voluntades antes de pasar por el Congreso", al que el Presidente calificó más de una vez como un "nido de ratas". Al día de hoy, no se conoce un proyecto oficial, cuya presentación se espera recién para el 9 de diciembre.

Sin embargo, la estrategia se vio sacudida recientemente por la filtración de borradores y las diferencias que afloraron con la CGT y, en menor medida, con la UIA.

El Gobierno avanza a través de tres frentes definidos: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, coordinando el Consejo de Mayo y la evaluación de propuestas; el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo enfocados en medidas impositivas y un nuevo plan de empleo; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (foto inferior) con el "reciclado del DNU 70 y los planteos más urticantes para la central obrera".

Sturzenegger, a quien se señala como el "coloso" de las propuestas más disruptivas, insiste en eliminar la cuota solidaria que aportan los trabajadores a los gremios, o tocar los aportes a las obras sociales. Cerca del Ejecutivo reconocen que estas propuestas no estarían directamente relacionadas con la generación de empleo, sino con forzar un "toma y daca" con los sindicalistas.

La visión de fondo fue sintetizada por el abogado laboralista de uno de los "gordos", de acuerdo a lo consignado por el diario Clarín: "Sturzenegger piensa que las relaciones laborales son entre pares, como dos personas en un accidente de tránsito, no cree que haya que proteger al trabajador".

Si bien la CGT tiene reparos sobre cambios en derechos individuales, su preocupación principal es la pérdida de poder en la negociación colectiva. Esto incluye la descentralización de convenios, la posibilidad de que un acuerdo posterior achique beneficios, la reducción de delegados sindicales, y la restricción para realizar asambleas y ejercer el derecho de huelga.

Los puntos de máxima tensión

En lo que se conoce de la reforma, los puntos que generan mayor confrontación son:

• Fin de la ultractividad: Se busca eliminar la permanencia de los convenios colectivos. Para los gremios, esto es espinoso, ya que la falta de un acuerdo los privaría de todo convenio, ejerciendo una fuerte presión para renovar sobre la base de la nueva legislación y con la posibilidad real de perder beneficios históricos.

• Convenios por empresa: Se promueve la preeminencia de la negociación por empresa por sobre el convenio por actividad. Esto implicaría distintos acuerdos salariales por tamaño de compañía o ubicación, sin pisos mínimos por actividad, lo que reduciría drásticamente el poder de los gremios. Sorprendentemente, la UIA también registra objeciones por parte de empresas grandes que prefieren negociar con el sindicato principal.

• Derecho de huelga: A pesar del rechazo legislativo y la posterior derogación del DNU 340/2025 en agosto, los borradores vuelven a incluir regulaciones más estrictas. Esto incluye limitaciones para hacer un paro, restricciones a la modalidad de protestas y una mayor aplicación de la conciliación obligatoria, ampliando de facto el listado de actividades consideradas "servicios esenciales".

• Extensión de la jornada laboral: Se habilitarían jornadas de trabajo mayores a las 8 horas, siempre que se respeten las 12 horas de descanso entre una y otra. Se permitiría la compensación de horas ("banco de horas"), sin superar las 48 horas semanales. Esto otorgaría a los empleadores control sobre la jornada sin pago de horas extra, haciendo que la hora extra deje de ser voluntaria para el trabajador. El asesor de empresas Julián de Diego recordó que este esquema existe en el régimen minero (14x14), aunque Santa Cruz lo redujo el año pasado a 7x7 por "graves perjuicios contra la salud".

• Reducción de las indemnizaciones: La intención es abaratar el costo de los despidos. Se busca promediar las horas extra "normales, mensuales y habituales" y eliminar de la base salarial las comisiones, beneficios, bonos, adicionales y aguinaldo. Además, el monto tendría un tope de diez meses de sueldo, sin considerar la antigüedad total del empleado. También se promueve sustituir las indemnizaciones por un fondo de cese laboral con aportes exclusivos del empleador. Dicho régimen, al no prever piso ni pauta para la indemnización, es rechazado tanto por la UIA como por la CGT.

Debate

El proyecto polarizó las posturas de los expertos en derecho laboral. Para Silvina Scarímbolo, asesora en relaciones laborales, "es tiempo de adaptar la normativa laboral a las relaciones laborales de hoy". Señaló la necesidad de incluir la tecnología y consideró que "un país con un 40% de informalidad, necesita un pensar tripartito para solucionarlo". Concluyó que la reforma es necesaria, pero que las empresas "concluirán si resultaría suficiente para aumentar el empleo, porque para dar empleo hace falta crecimiento real".

En la vereda opuesta, el abogado laboralista Horacio Schick consideró que el plan oficial es un "eufemismo" para eliminar derechos y debilitar a los gremios. "El trabajador es falsamente igualado con su empleador, se retrocede 100 años. Hay unilateral reducción de costos laborales, más que modernización y promoción del empleo, son falacias reiteradas que a la postre fracasaron, como en los 90", afirmó. Schick advirtió que "la escasa de oferta de empleo no depende de la legislación laboral, sino de adecuadas políticas macroeconómicas que propicien la inversión y el desarrollo, en forma integral".